Caso “éxito”: Quantium Desarrollos, Pedro Dávila y la agenda de reglas para todo el ecosistema

En un momento en que el sector inmobiliario enfrenta una creciente presión regulatoria, así como cuestionamientos sobre la viabilidad de diversos esquemas de comercialización, algunas voces dentro de la industria han comenzado a plantear una postura que busca equilibrio entre orden y continuidad operativa. Tal es el caso de Quantium Desarrollos y su director general, Pedro Dávila, quienes han fijado una posición pública clara: sí a la regulación, pero bajo un enfoque integral que involucre a todos los actores del ecosistema, no únicamente a los desarrolladores.

En distintas publicaciones y entrevistas recientes, la firma ha sostenido que la discusión en torno a la llamada Ley de Preventas no puede limitarse a imponer mayores cargas al desarrollador, sino que debe contemplar la participación activa de notarios, autoridades, instituciones financieras y más de una treintena de agentes que intervienen en el ciclo completo de un proyecto inmobiliario. Desde esta óptica, el problema no radica únicamente en la falta de reglas, sino en la fragmentación de las mismas.

El planteamiento cobra relevancia en un contexto donde diversas propuestas regulatorias han sido señaladas por integrantes del sector como potencialmente restrictivas. De acuerdo con estas posturas, un diseño normativo que no considere la dinámica real de los proyectos podría derivar en efectos adversos, como la paralización de inversiones, la reducción de la oferta y, en consecuencia, una presión al alza en los precios de la vivienda.

Bajo este diagnóstico, Quantium Desarrollos ha delineado lo que denomina una “segunda fase” en la discusión pública: una agenda enfocada en la viabilidad operativa del sector. Entre los puntos centrales destaca la necesidad de garantizar que las licencias de construcción no pierdan vigencia debido a retrasos administrativos ajenos al desarrollador. Este aspecto, advierten, representa uno de los principales factores de incertidumbre que pueden frenar proyectos en marcha.

Asimismo, se ha puesto sobre la mesa la urgencia de revisar el régimen de propiedad en condominio, particularmente en lo referente a sus procesos de autorización y registro. La propuesta apunta a evitar que estos trámites se conviertan en un nuevo cuello de botella, mediante la implementación de mecanismos como la afirmativa ficta, plazos claramente definidos y sistemas de trazabilidad que permitan dar seguimiento puntual a cada etapa.

La discusión, en el fondo, refleja una tensión estructural: la necesidad del Estado de establecer controles más estrictos frente a la urgencia del sector por mantener condiciones que permitan la continuidad de las inversiones. En este sentido, la postura impulsada por Dávila y su equipo sugiere que el orden regulatorio no debe entenderse únicamente como un incremento de requisitos, sino como la construcción de un marco que ofrezca certidumbre y funcionalidad a todos los involucrados.

Así, más que una resistencia a la regulación, el posicionamiento busca reorientar el debate hacia un modelo donde las reglas no solo establezcan obligaciones, sino que también garanticen la viabilidad de los proyectos en cada una de sus etapas. Un enfoque que, de prosperar, podría redefinir la manera en que se concibe la política pública en materia inmobiliaria en los próximos años.